El argumento no es nuevo: una de las razones que explican la difusión y el predicamento de las organizaciones islámicas radicales en algunos países es su capacidad para atender necesidades básicas de las poblaciones pobres. En otras palabras, sustituir al Estado y a la comunidad internacional cuando estos han demostrado su incompetencia o, sencillamente, han desaparecido.
Gaza constituye un ejemplo paradigmático de esta estrategia. Un reciente documento publicado por las principales ONG internacionales que operan en la Franja describe cómo el bloqueo internacional y la coerción de Israel (incluyendo ataques militares) desde que Hamas ganara las elecciones en abril de 2006 han provocado una verdadera catástrofe humanitaria. Seis de cada diez habitantes sufren inseguridad alimentaria; un 80% depende de la ayuda internacional para su supervivencia; y la gran mayoría sufre cortes recurrentes en la provisión de electricidad o agua potable. La incapacidad de la ONU para introducir materiales desde Israel ha impedido la construcción de escuelas para 40.000 niños y niñas palestinas.
En este contexto, las organizaciones islámicas de base se han convertido en la única alternativa fiable para muchas familias. El Council of Foreign Relations calcula que un 90% de los 70 millones de dólares anuales con los que cuenta Hamas están destinados a actividades de carácter social a través de una compleja red de organizaciones religiosas de base que gestionan escuelas, orfanatos, mezquitas, comedores populares y centros deportivos. Es cierto que el bloqueo israelí o la presión internacional difícilmente explican la mala gestión o la corrupción endémica de las autoridades palestinas, pero ese es un argumento con poco predicamento entre una población que vive en situación de emergencia.
Con escenarios diferentes, el argumento se repite en buena parte del mundo árabe. A pesar de la elevada educación media de sus poblaciones o las buenas condiciones para un desarrollo industrial y comercial, la pobreza campa a sus anchas. El último Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD para la región señala alarmado que los niveles de pobreza alcanzan al 40% de la población. En ausencia de una intervención decidida, las tendencias demográficas y climáticas no hacen más que empeorar la situación.
Se me ocurren pocos asuntos tan relevantes como este en la nueva agenda política y social del mundo árabe. Las revueltas exigen más libertad y democracia, pero suponen también un desafío a la incompetencia social desplegada por los Estados árabes casi sin excepción. Las organizaciones religiosas pueden jugar un papel fundamental en la reforma, pero para eso es imprescindible establecer líneas claras entre la actividad espiritual y la actividad social, exigiendo, por ejemplo, servicios sociales abiertos a todas las comunidades pobres con independencia de su fe. Algunas importantes organizaciones internacionales de origen musulmán, como Islamic Relief, ya han marcado el camino (échenle un vistazo a la serie de artículos en los que esta organización vincula los fundamentos del Islam a la lucha contra la pobreza y la corrupción, o con la educación de las niñas. Les aseguro que rompen muchos de nuestros mitos).